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Sanidad, educación y jubilación de gestión privada, por favor

Estoy harto de pagar una sanidad pública que no utilizo, una enseñanza pública en la que que ni creo, ni confió, ni quiero para mi hija y una jubilación que seguramente no disfrutaré. Cuando digo esto -que es bastante a menudo- siempre sale alguien al paso con la historieta de que hay que ser solidario, que quiero un país de analfabetos en el que sólo los ricos puedan estudiar, que quiero una sanidad como la de Estados Unidos, carísima y malísima, en la que la gente muere en la puerta de los hospitales. Y respecto las pensiones, que quiero que los más desfavorecidos mueran de hambre.
Pues bien, les voy a contar lo que quiero: quiero poder elegir.
En lo tocante a la sanidad, quiero, ya que me obligan, poder elegir una mutua de seguro privada, como antaño hacían los funcionarios, y el dinero que pago de más para cubrir la sanidad de los más desfavorecidos se emplee en hospitales de gestión privada, por que soy de la opinión de que son más baratos y están mejor gestionados. Por supuesto aquellos que crean en la enseñanza pública que sean atendidos en hospitales públicos y que sus impuestos sobrantes vayan a parar a hospitales públicos. Así podríamos tener una Seguridad Social, dimensionada acorde al número de potenciales pacientes que tiene que atender.
Con respecto a la enseñanza, creo ya lo he dicho muchas veces, quiero cheques escolares, que cada eduque a sus hijos donde quiera. ¡No quiero que adoctrinen a mi hija! Y sobretodo no quiero pagarle las matrículas a aquellos universitarios que suspendan. Pero eso si, no me niego a que gente más solidaria que yo pague las carreras a los que suspenden repetidamente o estudiantes mediocres.
Con respecto a las jubilaciones, también obligatorias, ya que -forzosamente- tengo que invertir en mi jubilación, quiero poder hacerlo en un fondo de capitalización privada. ¿Hay que aportar algún dinero para los más desfavorecidos? Se aporta, pero quiero que lo gestionen fondos privados. En ningún caso quiero que pueda ser gestionado por políticos.

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Mal comienzo

20120111-004321.jpgDesde que el contador de nubes ganó las elecciones, los españoles nos hemos endeudado a razón de 10.000 millones de euros diarios. Yo, tengo la esperanza de que este nuevo Gobierno invierta esta situación y nos saque de esta crisis de una vez por todas. Por esa razón soy consciente que van a subir todos los impuestos (IVA incluido) y que habrá recortes sociales de todo tipo, es decir, espero la muerte súbita del mal llamado Estado del Bienestar.
Por otra parte, tengo que reconocer que me he desanimado bastante, al conocer las primeras medias que ha tomado el Nuevo Gobierno, pues comienzan por exigir un mayor esfuerzo fiscal a la ciudadanía en lugar de hacerlo recortando gastos superfluos como yo esperaba.
Por todo lo anterior no sé que pensar. O bien la situación de nuestro déficit es mucho más grave de lo que se atreven confesar o bien este Gobierno es tan cretino como lo fue el anterior.

Catastro 2.0

Como seguramente sabrán se está llevando a cabo una revisión catastral de carácter general, o que seguramente signifique -a pesar de que el valor de la vivienda ha caído en torno a un 30%-, una revisión al alza de nuestro impuesto de bienes inmuebles.

A este respecto he recibido una carta del magnánimo Ayuntamiento de mi pueblo recordándome que van a bonificarme dicho impuesto con el objeto de que la cuota a pagar no sufra ningún incremento en 2011.

Yo que soy escéptico por naturaleza, no puedo dejar de preguntarme de donde va a salir (de dónde lo va a sacar el Ayuntamiento) el dinero para pagar esta bonificación. ¿Me lo cobrarán en otro impuesto? ¿Se endeudarán aún más?  ¿Tendrán una otra fuente de ingresos aparte de impuestos y tasas?

Por ello he llegado a la conclusión que esta conducta del Ayuntamiento, no es magnanimidad, ni generosidad, si no autobombo. Una suerte de propaganda electoral, muy irresponsable, que probablemente, aumentará notablemente la deuda de propio Ayuntamiento.

También puede ser que en las cajas del Ayuntamiento haya superávit, cosa que me niego a creer no sólo por puro escepticismo -que también-, si no por que he sido testigo de como el Ayuntamiento se ha visto obligado a ir ocupando nuevas dependencias municipales, a medida que ha ido aumentando el número de funcionarios que trabajan en él.

Afán recaudatorio

Esta semana -el lunes concretamente- he leído un artículo en Internet en el que se decía y cito textualmente: “La semana pasada, con motivo de una reunión del Foro Nueva Economía, el Director General de Tráfico dejó muy claro que su interés prioritario es hacer rentables las inversiones de su departamento. Rentables única y exclusivamente en términos de dinero recaudado y no desde un punto de vista mucho más abierto como puede ser el reducir las víctimas del tráfico, evitar la sangría que para la sociedad supone cada accidente con víctimas”.

Parece ser que para Pere Navarro no tiene sentido poner radares en carreteras de segundo orden donde haya menos de 6.000 vehículos/día, aunque es en esas carreteras es donde se producen casi 3 de cada 4 accidentes con víctimas. Por lo visto, los radares cuestan 70.000 euros de media y suponen una gran inversión  que hay que amortizar -a la mayor brevedad posible-.

Como apunte importante, en este artículo se menciona un dato esclarecedor, y es  que la mayoría de los radares están situados en las autopistas y autovías, -todos los que están fuera de las ciudades me atrevería a decir-, a pesar de que es este tipo de vías se producen menos del 10% de los accidentes.

Algo parecido a lo que ocurre con las carreteras sucede dentro de las ciudades, donde los radares suelen estar situados en las calles más anchas y más seguras. Y muchas veces me da la impresión de que el límite de velocidad se reduce de 50 Km/h a 40 Km/h o incluso a 30 Km/h con el único fin de poner multas por exceso de velocidad.

El mismo lunes, por pura causalidad, me enteré que Perico Delgado que ejercía representante de los ciclistas ante la Dirección General de Tráfico en nuestro país “después de pensarlo mucho” ha renunciado a su cargo, principalmente por la falta de colaboración por parte de la dirección general de seguridad vial y el exceso de normativas que parecen estar más encaminadas a la recaudación de impuestos (que incluso posibilitan retirada puntos de su carnet de conducir) y a sacar bicicletas de las vías públicas que a preocuparse por la seguridad de los ciclistas.

Por todo lo anterior, junto con numerosas noticias que ya tenía anteriormente,  según las cuales tengo entendido que por lo general, los altos mandos de los cuerpos de seguridad del Estado miden la productividad de sus subordinados los agentes encargados del tráfico (ya sea policía municipal o guardia civil) con arreglo a las multas que imparten. No puedo más que llegar a la conclusión que la Dirección General de Tráfico se ha convertido en una suerte de empresa cuyo fin último es el de recaudar más impuestos, relegando a un segundo plano temas tan importantes como la seguridad vial y -por que no decirlo- la ecología.

Fuentes:

Burbuja de los radares

Web oficial de Pedro Delgado